[REQ_ERR: 401] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Doble o Nada con Sistema Progresivo

Doble o Nada con Sistema Progresivo

Una revista no es la Biblia de nada. Es un escaparate que ofrece una versión al lector que no puede probarlas todas. Por que, claro, si nosotros pudiéramos pasarnos toda una mañana probando bicis en un circuito, ya no necesitaríamos a nadie que nos dijera cuál es la mejor.

Lo descubriríamos nosotros mismos. Si te dicen que una suspensión hace topes con facilidad, pero que es una maravilla. El "es una maravilla" está puesto para que el vendedor no se enfade.

En fin, es mi opinión. SGC-MTB , 15 Feb Registrado: 14 Dic Mensajes: Me Gusta recibidos: 1. Sí, es la bici campeona del mundo pero los que iban sobre ella son Sam Hill Ni eso.

La gente se piensa que por tener una Sunday van a mejorar como de la noche al día. Sí, es muy bonita, por lo menos para mi lo es, ligera, pero la bici que se puede comprar en la tienda tiene cero semejanzas con la bici que corre Hill.

Ni la geometría es igual, ni las medidas, ni muchas piezas o componentes que parecen ser iguales lo son. Hasta el sistema de suspensión está específicamente hecho para Sam!! En cuanto a lo del comparativo en fin, parece que ni se enteren de lo que escriben. JavierDH , 15 Feb Registrado: 1 Sep Mensajes: 9.

Yo por eso hace mucho tiempo deje de comprarme revitas.. eso y que cada vez salia mas XC y menos DH. Por otro lado como dice borham creo que era, en su firma, no por leer revistas, ni ver videos, ni escribir mas en el foro, ni tneenr la mejor bici bajaras mas rapido jejeje Los reportajes estos en los que prueban bicis, pues bueno hay que fiarse en ciertas cosas, porque en otros sentidos la opinion estara siendo subjetiva por parte de los que la prueban.

tizza , 15 Feb Registrado: 11 Nov Mensajes: Me Gusta recibidos: 1. Hay un post que ya se comento de este tema anteriormente,yo opine lo que pensava de ese comparativo,si quereis echarle un vistazo. langui , 15 Feb Registrado: 11 Sep Mensajes: Me Gusta recibidos: 1 Ubicación: en un agujero.

Tejon , 15 Feb Registrado: 20 Jun Mensajes: Las bicis de los pros exteriormente son iguales a las que venden en la tienda. Peeero muchas de ellas sus cuadros estan hechos a medida, con tuberia mas ligera ellos cambian de cuadro a menudo , tienen mucho titanio y piezas especiales en horquilla y amortiguador, etc etc.

jontomac , 15 Feb Registrado: 22 Mar Mensajes: 4. A mi lo que mas gracia me hace de todo esto, es que nadie compra revistas, pero casualmente, justo desde que salió la kaisser bien parada en esa comparativa Partiendo de las grandes divisiones del derecho, en pblico y privado, debemos sealar que la disciplina en mencin se encuentra en el primero por razones de inters social y porque regula relaciones de los internos con el Estado, ya sea a travs de las instituciones administrativas o judiciales del juez de ejecucin penal; en consecuencia ese tipo de relaciones son irrenunciables.

Tambin existe una discusin sobre si se trata de un derecho autnomo o simplemente accesorio o interno del derecho penal o procesal penal. A continuacin se exponen los argumentos:. Al comienzo los expositores de la autonoma reconocieron que el derecho de ejecucin penal era un intento o una tentativa de dar organicidad a una rama del derecho, pero luego.

la tendencia autnoma ha tomado cuerpo y vigor y se ha concretado materialmente en leyes o cdigos independientes. La autonoma es cientfica y legislativa.

La primera se funda en el desarrollo que los estudiosos de la materia le han brindado y la segunda, en la extensa legislacin especial que existe al respecto. Las sanciones que corresponden a otras ramas del derecho, debido a su carcter reparador son de fcil ejecucin.

As, una indemnizacin civil se hace efectiva mediante un procedimiento de embargo y ejecucin que el mismo derecho procesal civil tiene previsto y que es llevado a cabo por funcionarios que dependen administrativamente del mismo poder judicial.

En su lugar, la ejecucin de la pena, debido a su carcter reeducador, presenta una enorme complejidad, particularmente cuando se trata de penas privativas de libertad, lo que ha motivado un gran desarrollo de su regulacin legal.

En tanto el derecho penal fija el objetivo general de la pena y establece la cuanta de los bienes jurdicos de que se puede privar al penado para resocializarle, el derecho de ejecucin penal es el que regula la forma en que se efecta esta tarea resocializadora, con lo cual deja aclarada la funcin del derecho de ejecucin penal.

Para algunos autores el derecho de ejecucin penal se trata de un derecho accesorio del derecho penal porque se toman en consideracin los presupuestos del Cdigo penal debido a que ste fija los delitos y las penas; y los del Cdigo procesal penal en donde se regula toda la actividad jurisdiccional hasta la sentencia meramente declarativa.

Dentro de esta corriente tambin se sostiene que todo el derecho ejecutivo penal es puro derecho administrativo por los trmites que envuelve y porque ya no se trata de un estudio del delito y de la pena.

Esta corriente se fundamenta en la idea que el derecho de ejecucin penal comparte normativos con el derecho penal en lo relativo a la pena privativa de libertad y el derecho procesal penal, reconocindolo como la ltima fase del proceso judicial penal.

Al autor Cuello Caln no le pareca fundada la tesis de la autonoma del derecho de ejecucin penal pues, si se examina el contenido de este derecho se percibe claramente que apenas se integra con normas propias, ya que, en gran medida, est formado por elementos de derecho penal material, de derecho procesal penal y de derecho administrativo y que, adems, carece de un objeto propio y autnomo.

Estas simplificaciones expuestas no responden a las caractersticas del derecho de ejecucin penal, cuyos principios lo distinguen de todas las ramas a las que se ha pretendido asimilarle. Con ello precisa con claridad una diferencia importante que permite comprender que no se pueden homologar normas ejecutivas con las procesales o las sustantivas, y que en cuanto a entenderlas como derecho administrativo, sera muy pobre considerar los.

derechos de los reclusos como cuestiones puramente administrativas. Cualquiera que sea la naturaleza jurdica de esta problemtica no puede faltar un conjunto de normas positivas que se refieren a los diferentes sistemas de penas; a los procedimientos de aplicacin, ejecucin o cumplimiento de las mismas, a la custodia y tratamiento; a la organizacin y direccin de las instituciones y establecimientos que cumplen con los fines de prevencin, represin y rehabilitacin del delincuente, inclusive aquellos organismos de ayuda social para los internados y liberados.

Como conclusin es importante destacar que en todo el mundo civilizado hay leyes que regulan este mbito de la realidad y que guardan una estrecha conexin con el derecho penal en funcin de complementacin y accesoriedad.

La cuestin de la autonoma cientfica de la ciencia jurdica que se ocupa de su interpretacin es una cuestin acadmica. Cuando se habla de principios de la ejecucin penal se alude a los postulados generales que sirven de base y orientan la actividad del Estado en la regulacin y ejecucin de la sancin penal impuesta por un rgano Jurisdiccional en pro de su correcto desenvolvimiento administrativo y judicial, siendo tambin una gua de interpretacin y aplicacin de la ley penal en cuestiones penitenciarias.

La tendencia dominante que gua los fines generales de la ejecucin penal, tiene como fuentes inspiradoras el humanismo y la posibilidad de modificar al ser humano.

Realmente toda ciencia y en particular el saber penitenciario deben tener delineados sus grandes fines y principios rectores. Los fines de la ciencia penitenciaria y del derecho de ejecucin penal en sentido genrico asumen una visin de este ser, segn sus posibilidades o no de readaptacin, y su valor o no como sujeto posible de ayuda.

Los principios finalsticos que deben presidir toda actividad penitenciaria pueden sintetizarse en el reconocimiento pleno de la humanidad en el hombre que ha delinquido y su consideracin con miras a un tratamiento viendo en l valores potenciales de futuro.

Su readaptacin social y su dignificacin como finalidad primordial de lo penitenciario. Los principios que se enumeran a continuacin tienen por objeto definir el espritu conforme al cual debe administrase el rgimen penitenciario y los objetivos hacia los cuales debe tender, ya que ellos y las reglas de una buena organizacin penitenciaria y del tratamiento de los reclusos es la nica forma prctica de obtener una verdadera y efectiva rehabilitacin del delincuente.

Estos principios pueden resumirse de la siguiente manera:. La prisin y las dems medidas cuyo efecto es separar a un condenado del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo que despojan al individuo de su derecho a.

disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las medidas de separacin justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situacin.

El fin y la justificacin de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen, y nicamente se alcanzar este fin si se aprovecha el perodo de privacin de libertad para lograr, en lo posible, que el recluso una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer sus necesidades, sino tambin que sea capaz de hacerlo.

Para lograr este propsito, el rgimen penitenciario debe de procurar su empleo, conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza y todas las formas de asistencia de que puede disponer.

El rgimen de cada establecimiento penitenciario debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisin y la vida libre debido a que stas contribuyan a debilitar el sentido social de responsabilidad y humanismo del recluso.

Es conveniente que, antes del trmino de la ejecucin de una pena o medida se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno satisfactorio a la vida en sociedad.

En el tratamiento no se deber recalcar el hecho de la exclusin de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario el hecho de que continan formando parte de ella. Cada establecimiento penitenciario deber contar con la colaboracin de trabajadores. sociales eficientes y capaces encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los organismos sociales que puedan serle tiles.

Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el nmero de reclusos sea elevado, tanto que llegue a constituir un obstculo para la individualizacin del tratamiento. Se debe disponer de los servicios de Organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad, una ayuda postpenitenciaria eficaz, que tienda a disminuir los prejuicios hacia l y le permitan readaptarse a la comunidad.

A continuacin se presenta un breve listado de las caractersticas que distinguen al derecho de ejecucin penal de las dems ramas del derecho:. Es una disciplina eminentemente humana, por los fines que sigue. Debe de tender a la prevencin objetiva del delito y la efectiva rehabilitacin del delincuente.

Debe de proteger al Estado y a la sociedad en general, salvaguardando y tratando adecuadamente al delincuente. Por mandato constitucional, debe tender a la readaptacin social y a la reeducacin de los condenados a travs de la educacin y del tratamiento adecuado.

Tiende a regular todo lo relativo a la ejecucin de la pena. Debe tender a la insercin social con base al respeto a la dignidad y a la vigencia de los derechos humanos dentro de un orden democrtico de administracin y justicia penal, para el desarrollo integral de la vida individual y colectiva de las personas privadas de libertad como miembros de la comunidad.

Evita las conductas antisociales del recluso para reincorporarlo de la vida carcelaria a la sociedad civil. Como disciplina eminentemente humana, debe de respetar el principio general de que la pena privativa de libertad es el ltimo recurso a utilizar por el Estado de Derecho, y debe ser especialmente utilizado para la insercin social.

Disminuye los efectos negativos producidos por el proceso de encierro, al tratar de hacer que la vida en reclusin sea lo ms parecido a la vida de la comunidad libre.

Trata de que el interno adquiera el sentido de sus propias responsabilidades como persona y como miembro de un complejo cuerpo social, lo que dara como resultado la toma de decisiones positivas en todos los rdenes de su vida, tanto en el plan individual, familiar as como social.

Trata de transformar las prisiones en establecimientos cada vez ms adecuados para otorgar el tratamiento adecuado y as rehabilitar al recluso. Analizando el fin ltimo del derecho, especialmente del derecho penal, como gnero que constituye el origen tanto del derecho penal sustantivo, adjetivo y ejecutivo o penitenciario, es el de la preservacin y proteccin de los bienes jurdicos que implican los ms altos 9.

valores del hombre para permitir una convivencia social, armnica y pacfica, lo cual puede traducirse en el aspecto relativo a la prevencin del delito. Es as como se entiende que el fin del derecho penitenciario es el de la ejecucin de la pena y todo lo que sta tiene sealado en la ley comprendindose los derechos y beneficios que traen consigo.

Toda accin humana tiene un fin y la pena como accin humana y estatal, en el mbito del derecho, tiene como fin la prevencin del delito. La prevencin del delito se puede realizar, en el mundo jurdico, por dos caminos: Actuando sobre la colectividad, esto es, la comunidad jurdica, o actuando sobre el individuo que tiende a delinquir o comete o ha cometido un delito.

La administracin del sistema penitenciario debe ampliar las oportunidades de participacin y discusin procurando despertar y fomentar el sentido de responsabilidad del interno o del residente con su familia y la sociedad; debe de procurar el bienestar general de la poblacin privada de libertad para una orientacin ocupacional y educativa.

El fin ltimo del derecho de ejecucin penal, debe de ser adecuar sus polticas pblicas y normativas legales para el alcance de la readaptacin social y reeducacin de los reclusos, tal y como lo establece la Constitucin poltica de la repblica de Guatemala. Es la consecuencia jurdica de la comisin de un delito, concebida como un mero castigo o como un medio de rehabilitacin del delincuente.

Desde los tiempos ms remotos hasta la actualidad, todas las sociedades han posedo un sistema de penas, animadas por un sentido de venganza o establecidas para la proteccin de la vida comunitaria, o para la reforma y rehabilitacin de los culpables, con perodos de inhumana dureza o con etapas de carcter humanitario.

La pena, con finalidades diferentes, feroz o moderada, ha existido siempre, en todos los pueblos, en todos los tiempos, la pena es un hecho universal. Al hablar de la evolucin histrica de la pena, se trata de analizar los diferentes significados, conceptos y aplicaciones que se le han asignado a travs de los tiempos en las diferentes culturas.

La pena ha revestido diversos fundamentos en el devenir de la historia, ya que se ha adecuado a las diferentes necesidades de los pueblos, en sus diferentes pocas. En la evolucin de la pena, se observa con frecuencia que los distintos pueblos no trataban de buscar su verdadero significado, sino ms bien adecuarla a sus necesidades en determinado momento y en ocasiones a la conveniencia de diferentes grupos sociales, formulando as distintas concepciones de la pena, tan diversos entre s y a veces antagnicos.

Los historiadores modernos afirman en su mayora que en la evolucin de la pena pueden sealarse cuatro perodos: la venganza privada; la venganza divina; la venganza pblica y el perodo humanitario. En cada perodo aparece el principio que le da su nombre, pero eso no significa que extinguido un perodo, cobre vida el siguiente.

Estos perodos no se sustituyen por entero, sino que todava existiendo el primero ya se aplicaba el segundo, conviviendo as, diversas ideas que en ocasiones eran hasta contradictorias. La justicia represiva en esta etapa, revesta un carcter de venganza.

Era una poca en que no exista ningn poder pblico y el individuo obedeca nicamente a sus instintos. Lo caracterstico de esta poca era el dolor sin que existiera otra idea de responsabilidad ms que la simple retribucin del acto doloroso al individuo que lo caus.

El acto de venganza era el resultado de una descarga pasional del ofendido, de una accin instintiva del individuo, por lo tanto la pena careca de todo objeto. Este tipo de venganza dio lugar a grandes males, ya que no slo se aplicaba al culpable, sino en ocasiones a todo el grupo familiar, esto dio lugar a grandes y sangrientas guerras privadas que produjeron el exterminio de familias enteras.

Al ejercitar su venganza, no reconocan limitacin alguna y se causaba al ofensor o a sus familias todo el mal posible. Este tipo de venganza colectiva dio lugar a grandes injusticias, por ejemplo, en la antigua China eran decapitados todos los parientes masculinos del culpable de alta traicin; bajo el impero de Nern los hijos de los condenados murieron por el veneno o el hambre y otros fueron desterrados.

Este acto instintivo de venganza particular y colectiva, con el tiempo se va haciendo ms reflexivo, y se crean mecanismos para evitar una reaccin ilimitada contra los delincuentes. En esta etapa donde los pueblos eran violentos y salvajes no se conoca poder civil alguno y muchas veces las normas religiosas y sociales no estaban separadas.

Los individuos nicamente se doblegaban ante la superioridad fsica o imaginaria. Los primeros legisladores adoptaron una posicin psicolgica para vencer la voluntad de los hombres. Trajeron leyes como simples mensajeros de la divinidad y se establecieron con frecuencia como los nicos facultados para aplicarla y ejecutarla.

Por lo tanto, el que cometa un delito, o sea el que infringa las normas establecidas por la divinidad no deba enfrentarse al castigo de los dems hombres sino al castigo de los dioses, debido a que si provocaba una reaccin por parte de los dioses y para calmarlos se deba castigar al delincuente.

Aqu la represin tena como nico objeto el aplacamiento de la divinidad ofendida por el delito. El derecho a castigar era una delegacin hecha por Dios a los sacerdotes, se miraba el delito como una ofensa a la divinidad y la pena se aplicaba para calmar su ira.

La venganza pblica, apareci como un medio para evitar los excesos que se cometan en los tiempos de las venganzas personales. La venganza privada, desaparece cuando en los pueblos se establece un rgano pblico, bastante fuerte para hacer sentir su accin y para hacerse obedecer.

La venganza pblica o vindicta pblica, tiene sus inicios con la ley de la composicin, el wehrgeld, en la que se estableca una multa, primero a favor del ofendido por el delito o de sus parientes y luego a favor del Estado.

Despus apareci la Ley del talin, la cual fue signo caracterstico de esta etapa. La venganza pblica surge como reaccin a los excesos de la venganza privada, pero tambin aparecieron las leyes ms severas y violentas, as como las penas ms repugnantes e inhumanas.

Por ejemplo, existan las penas de los azotes, la castracin, la marca del fuego, etc. Los jueces que aplicaban estas penas actuaban con la ms notoria arbitrariedad, tenan la facultad de imponer penas no previstas por la ley y podan castigar hechos no tipificados como delitos.

La regla que prevalece es la Ley del talin, la cual era una frmula de igualdad absoluta entre el mal causado y la pena impuesta, el nico fundamento de sta era la retribucin del mal por el mal. Esta ley se presentaba bajo dos aspectos: El primero, guardaba una idea de igualdad material absoluta entre el delito y la pena; como ejemplo de esta igualdad absoluta era que la persona que intencionalmente mataba a otro deba morir.

La segunda frmula del talin guardaba una idea de identidad o igualdad por analoga entre el delito y la pena. Esta frmula, surgi al darse ciertos casos en que la igualdad material entre el delito no se poda dar, por ejemplo: en Egipto fue la mutilacin, el violador, deba ser castrado, la persona que calumniaba o revelaba secretos del Estado, deba cortrsele la lengua y el ladrn o la persona que alteraba los precios en el comercio, deba cortrsele las manos.

La influencia del cristianismo fue el primer paso en la humanizacin de las penas, la cual surgi como reaccin a los sistemas penales tan crueles e inhumanos y que tena por objeto atenuar la dureza de dichos sistemas.

Por ejemplo: En el Siglo XII, un monje benedictino, Mabilin, escribi Reflexiones sobre las crceles, donde peda la aplicacin de los sanos principios penitenciarios, para darles un trato ms humano a los delincuentes y procurar su enmienda a travs del trabajo diario.

Este sistema reformador se anticip en muchos siglos a las ideas correccionales que slo se han arraigado en las leyes de tiempos cercanos a nosotros; por ejemplo Platn ya pona inters en la persona del delincuente.

El derecho cannico, combati la venganza privada fortaleciendo la administracin de la justicia pblica y sostena la idea de que la persecucin del delito era deber del prncipe y del magistrado; impona la obediencia a la autoridad constituida y estableca que quien matara a un delincuente por venganza cometa el delito de homicidio.

Queda claro que la pena ha evolucionado con el transcurso de los siglos y se adecua a las diferentes necesidades de los pueblos. Se ha observado que la pena no puede cumplir su cometido por si sola, sino que la historia demuestra que debe auxiliarse con otros rganos e instituciones para que cumpla con su finalidad.

El origen de la pena como fruto de la actividad Estatal, ha de buscarse en la Edad Media, en donde comienza una paulatina labor del Estado para abstraer las reacciones individuales y concentrarlas legalmente en la pena, y as se llega al Siglo XVIII con el concepto de que la pena depende de un orden colectivo.

La idea de la pena a travs de la historia ha tenido muchos significados y ha sufrido muchas transformaciones desde sus formas ms primitivas hasta la poca actual. En la mayora de los casos la pena que se aplic en los tiempos antiguos fue un derecho consuetudinario, el cual en su mayor parte ha desaparecido sin dejar rastro alguno.

En sus inicios ms primitivos, la pena revesta sobre todo el aspecto de una venganza, la cual no estaba sometida a ordenamiento jurdico alguno ni gozaba siempre de la aprobacin de los dems individuos del grupo social.

A pesar de los diferentes significados que se le han dado a la pena a travs de la historia la mayora de autores modernos al hablar de su origen, se agrupan en diferentes corrientes: algunos autores consideran que el origen de la palabra pena se deriva del latn pondus, que significa peso; aplicaban la pena con la idea del peso con la balanza de la justicia totalmente equilibrada.

Al cometerse un crimen era necesario colocar un pen para establecer el equilibrio de la justicia, al ser ms grave el crimen era necesario un pen mayor, o sea una pena mayor para establecer el equilibrio de la balanza. Otros autores opinan que su origen proviene de la palabra ponos: que significa trabajo, fatiga, y la cual se relaciona con la palabra poena, que denota un castigo o suplicio que se impona al que cometa algn crimen.

El ltimo grupo de autores, opinan que su origen proviene de la palabra punya: que significa pureza o virtud. En cuanto a su significado, la pena tiene diversas formas de conceptualizacin, como un mero castigo que se impone al delincuente o como un tratamiento para reeducarlo, pasando por la prevencin especial y general en contra del delito.

Este significado ha sido analizado desde dos puntos de vista: Estticamente, la pena es simplemente la consecuencia primaria del delito. El delito es el presupuesto necesario de la pena; entre ambos hay una relacin puramente lgica; puede decirse que es una retribucin del delito cometido, si se descarga a esta palabra de todo el significado vindicativo.

Dinmicamente, la pena tiene primordialmente los mismos fines de la ley penal, la evitacin de las conductas que la ley prohbe o manda ejecutar. Privacin de los tres. derechos que constituyen y justifican la existencia del Estado moderno: La vida negada con la pena de muerte-, la libertad con la pena privativa de libertad-, y la propiedad con la multa-.

La naturaleza jurdica de la pena se identifica con la del derecho penal, es decir, ambas son de naturaleza pblica, partiendo del jus puniendi como el derecho que corresponde nica y exclusivamente al Estado, concepcin que ha sido universalmente aceptada en el derecho penal moderno.

La pena es de naturaleza pblica, porque slo el Estado puede crearla, imponerla y ejecutarla; a ningn particular le est permitido juzgar criminales y atentar contra ellos imponindoles una sancin. Es importante resaltar que el mismo poder punitivo del Estado est limitado por el principio de legalidad, de tal manera que la misma autoridad no puede imponer una pena si la misma no est previamente determinada en la ley penal, a parte de que adems se necesita como presupuesto de su imposicin la existencia de la comisin de un delito que sea imputable a un sujeto responsable sin que existan eximentes de punibilidad y que se haya dictado una sentencia condenatoria despus de seguido un proceso penal con todas las garantas del debido proceso.

Madrazo Mazariegos, Danilo. Teora de la pena, utopa y realidad, pg. De Len Velasco, Hctor Anbal y Francisco de Matta Vela. Derecho penal guatemalteco: parte general y parte especial, pg. El objeto de la pena es contribuir a la realizacin de la justicia como un elemento esencial de ella, as como constituir un medio para combatir las causas del delito.

La pena no tiene razn de ser actualmente si trae como consecuencia un mal para la sociedad as como para el penado. En cuanto a los fines de la pena, actualmente, a parte de la funcin retributiva, debe asignrsele un fin de utilidad social que ha de traducirse en la objetiva prevencin del delito y la efectiva rehabilitacin del delincuente.

Sobre un fondo de justicia debe la pena aspirar a la obtencin de los siguientes fines:. a Obrar sobre el delincuente creando en l, por el sufrimiento que contiene, motivos que le aparten del delito en el porvenir y sobre todo, como finalidad preponderante, tender a su reforma y a su readaptacin a la vida social.

b Obrar no slo sobre el delincuente, sino tambin sobre los ciudadanos pacficos mostrndoles, mediante su conminacin y su ejecucin, las consecuencias de su conducta delictuosa, vigorizando as su sentido de respeto a la ley y creando en los hombres de sentido moral escaso, por razones de propia conveniencia, motivos de inhibicin para el porvenir.

Esta teora se basa en la creencia de que la culpabilidad del autor debe compensarse mediante la imposicin de una mal penal con el objeto de alcanzar la justicia. La pena consiste, para esta teora, en una intimidacin individual que recae nicamente sobre el delincuente con el objeto de que no vuelva a d e l i n q u i r 16 ; n o p r e t e n d e c o m o l a t e o r a a n t e r i o r r e t r i b u i r e l p a s a d o sino prevenir la comisin de nuevos delitos, corrigiendo al corregible, intimidando al intimidable o hacindolo inofensivo al privarlo de libertad al que no es corregible ni intimidable.

La pretensin de esta teora, en definitiva, es evitar que aquel que delinqui no lo vuelva a hacer. Esta teora persigue evitar la comisin de nuevos delitos por parte de todos los ciudadanos sin importar de que en algn momento anterior hayan o no delinquido.

Sita el sentido y fin de la pena en sus efectos intimidatorios sobre la generalidad. La pena cumple una labor pedaggica o formativa y, al mismo tiempo, asume la funcin poltico criminal de encauzar conductas y de control social.

Al tomar en cuenta que un hecho antijurdico afecta a todo el grupo social, ya que afecta tanto al perjudicado por el delito como al delincuente y a todos los ciudadanos, debe tomarse en cuenta el inters de todo el grupo social.

Por eso, el fin de la pena debe de tender a la conservacin de la sociedad. La pena contribuye al mantenimiento del orden social, el temor al castigo, el cual aparta del delito a los hombres incapaces de contenerse en el camino del derecho por el solo estmulo de la conciencia.

a Es un castigo: La pena se convierte en un sufrimiento para el condenado al momento sentir la privacin o restriccin de sus bienes jurdicos.

La momento de sentir la privacin la pena se convierte en un sufrimiento. b Es una consecuencia jurdica: Debido a que una pena, para que sea legal, debe de estar previamente determinada en la ley penal y slo puede imponerla un rgano jurisdiccional competente al responsable de un ilcito penal y a travs de un debido proceso.

c Es personal: Esto significa que nicamente debe sufrirla un sujeto determinado, es decir, solamente debe recaer sobre el condenado, en el entendido que nadie puede ser castigado por hechos delictivos de otros: la responsabilidad penal no se hereda, es muy personal.

d Proporcionada: Si la pena es la reprobacin a una conducta antijurdica, sta debe ser en proporcin a la naturaleza y a la gravedad del delito atendiendo indiscutiblemente a los caracteres de la personalidad del delincuente, valorados objetiva y subjetivamente por el juzgador al momento de dictar la sentencia condenatoria.

e Determinada: Se considera que toda pena debe estar determinada en la ley penal y que el condenado no debe sufrir ms de la pena impuesta que debe ser limitada, an para criminales peligrosos e incorregibles debe haber un lmite de penalidad y no se les debe enterrar vivos en una tumba de concreto.

f Necesaria y suficiente: La pena ms cruel no es la ms grave sino la ms intil. Requisito primero de la justificacin de la pena es su necesidad. La pena nunca es necesaria respecto al hecho pasado y tampoco lo es frente a quien no es peligroso, pero puede ser necesaria para crear inhibiciones en los dems.

g Pronta e ineludible: Lo ms intimidante no es la gravedad de la pena, sino la certeza. La lentitud de los juicios equivale a la impunidad, y la incertidumbre de la pena estimula a todos los culpables.

h tica y moral: La pena debe de estar encaminada a hacer el bien para el delincuente; si bien es cierto que debe causar el efecto de una retribucin, no debe convertirse en una venganza del Estado en nombre de la sociedad porque no es concebible que a la antijuricidad del delito, el Estado responda con la inmoralidad de la pena; debe tender a reeducar, a reformar, a rehabilitar al delincuente.

En la doctrina del derecho penal se han presentado una serie de innumerable de clasificaciones, pero nicamente las consideradas ms importantes por la autora son las que se describen a continuacin:. Intimidatorias: Son las que tienen por objeto la prevencin individual influyendo directamente sobre el nimo del delincuente, con la finalidad de que no vuelva a delinquir.

Son las ms indicadas para los individuos an no corrompidos, en los que an existe el resorte de la moralidad, que es preciso reformar con el miedo a la misma. Correccionales o reformatorias: Tienen por objeto la rehabilitacin, la reforma, y reeducacin del reo para que pueda reincorporarse a la vida social como un ser til a ella; se dice que tienden a reformar el carcter pervertido de aquellos delincuentes corrompidos moralmente, pero an considerados corregibles.

Mazariegos Madrazo. Cit; pgs. De Len Velasco y De Matta Vela. Cit; pg. Eliminatorias: Tienden a la supresin del delincuente considerado incorregible y sumamente peligroso.

Se entiende que tienen por objeto separarlo de la sociedad en consideracin a su alto grado de peligrosidad criminal. La pena capital o pena de muerte: Consiste en la eliminacin fsica del delincuente en atencin a la gravedad del delito cometido y a su peligrosidad criminal.

La pena privativa de libertad, pena de prisin o de arresto: Esta pena despoja al reo de su libertad de movimiento, limitando su derecho de locomocin y movilidad, obligndolo a permanecer en la crcel, centro penitenciario o centro de detencin, durante un determinado lapso de tiempo.

Cientfica, tcnica y moralmente ejecutada la pena privativa de libertad, debe influir positivamente en el condenado a fin de retribuir la comisin del delito y ante todo rehabilitarlo, reeducarlo y reformarlo para su nuevo encuentro con la sociedad. La pena restrictiva de derechos: Son aquellas penas que restringen ciertos derechos individuales, civiles o polticos contemplados en la ley.

La pena pecuniaria: Es de carcter patrimonial debido a que recaen en la fortuna del condenado. Las penas infamantes y penas aflictivas: Estas penas tienen por objeto privar o lesionar el honor y la dignidad del condenado, son de tipo corporal que pretenden causar sufrimiento fsico al condenado sin alcanzar la privacin de la vida.

Penas fijas o rgidas: Son aquellas penas que se encuentran determinadas de manera precisa e invariable en la ley penal, de tal manera que el juzgador no tiene ninguna posibilidad legal de graduarlas en atencin al delito o a la ley. Penas variables, flexibles o divisibles: Son una clase de penas que se encuentran determinadas en la ley penal, dentro de un mximo y un mnimo, de tal manera que deben ser graduadas por el juzgador en el momento de emitir el fallo atendiendo a las circunstancias que influyeron en la comisin del delito y a la personalidad del delincuente.

De acuerdo con el Cdigo penal guatemalteco, en los Artculos del 41 al 61, las penas se dividen y subdividen de la siguiente manera:.

Penas principales: Son las que gozan de autonoma en su imposicin de tal manera que pueden imponerse solas, por cuanto tienen independencia propia.

Pena de muerte: En la legislacin guatemalteca es de carcter extraordinaria y nicamente se aplica en los casos expresamente consignados en la ley, es decir, slo a los delitos sealados por la norma, que han sido cometidos en las circunstancias expresadas por la misma y despus de agotados todos los recursos legales.

Pena de prisin: Esta pena consiste en la privacin de la libertad personal y su duracin puede ser de un mes hasta 50 aos. Esta pena est destinada especialmente para los delitos o crmenes y es sin duda la ms importante del sistema punitivo guatemalteco. Pena de arresto: Esta pena tambin consiste en la privacin de la libertad personal, pero su diferencia radica en su duracin, que se extiende de uno a 60 das, y se impone especialmente para las faltas o contravenciones que constituyen infracciones leves a la ley penal del Estado.

Pena de multa: Es de carcter pecuniario consistente en el pago de una cantidad de dinero que el juez debe de fijar dentro de los lmites sealados en cada delito. Esta pena que aunque causa afliccin por la erogacin econmica que significa no degrada, deshonra ni separa al penado de su ncleo social y constituye una fuente de ingreso para el Estado.

No obstante, es importante sealar la problemtica que acarrea, siendo el de la interminable desigualdad en cuanto a la capacidad econmica.

Penas accesorias: Son aquellas penas que, a diferencia de las principales, no gozan de autonoma, por lo que, para su imposicin necesariamente deben de anexarse a una principal, es decir, su aplicacin depende de que se imponga una pena principal.

Inhabilitacin absoluta: Segn el Artculo 56 del Cdigo penal guatemalteco, es la prdida o suspensin de los derechos polticos; del empleo o cargo pblico que el penado ejercita aunque provenga de eleccin popular ; la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones pblicos; la privacin del derecho de elegir y ser electo; y la imposibilidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protutor.

Inhabilitacin especial: Esta clase de pena consiste en la imposicin de alguna o algunas de las inhabilitaciones absolutas descritas anteriormente; o bien en la prohibicin de ejercer una profesin o actividad cuyo ejercicio depende de una autorizacin, licencia o habilitacin.

Suspensin de derechos polticos: Al imponerse la pena de prisin, trae como consecuencia automticamente la suspensin de los derechos polticos del condenado por el tiempo que dure la condena. El comiso: Segn el Artculo 60 del Cdigo penal guatemalteco, es la prdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito o falta, a no ser que pertenezcan a un tercero que no tenga ninguna responsabilidad penal en el hecho delictivo.

Publicacin de sentencias: Esta pena se impone, exclusivamente en los delitos contra el honor y solamente cuando fuere solicitado por el ofendido o sus herederos, siempre y cuando el juez considere que la publicidad contribuir a reparar el dao moral causado por el delito.

La expulsin de extranjeros del territorio nacional: La legislacin guatemalteca nicamente se limita a mencionar esta pena accesoria, sin embargo, se entiende que nicamente se aplica a los extranjeros y que debe de ejecutarse una vez cumplida la pena principal.

Es la inspiracin para la creacin del rgimen progresivo, ya que sin ella no tendra objeto alguno su existencia. Es el punto de partida y la va por medio de la cual los condenados al momento de cumplir con la pena impuesta pueden rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad alejados del delito, disminuyendo as la reincidencia y los ndices delincuenciales.

Antes de que se impusiese la pena de prisin los ordenamientos penales contemplaban un complejo sistema de sanciones que sacrificaban algunos bienes del culpable la riqueza con las penas pecuniarias; la integridad fsica y la vida con las penas corporales y la pena de muerte; el honor con las penas infamantes, etc.

Y esto, simplemente porque la libertad no era considerada un valor cuya privacin pudiese considerarse como un sufrimiento, como un mal. En primer lugar, nos haremos cargo de la incomunicación, que si bien no se expresa como sanción en el Reglamento, sí hay otras que, de manera encubierta, constituyen efectivamente una incomunicación.

Así puede entenderse el aislamiento de hasta cuatro fines de semana en celda solitaria, desde el desencierro del sábado hasta el encierro del domingo, y la internación en celda solitaria por períodos que no podrán exceder de 10 días.

También se dispone la no recepción de correspondencia con el exterior, como sucede con la prohibición de recibir paquetes o encomiendas por un lapso de hasta 15 días.

Al respecto, debe tenerse presente la norma constitucional del art. Por lo demás, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha señalado: " la incomunicación durante la detención, las restricciones al régimen de visitas, constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.

de la Convención Americana" La misma Corte ha agregado: " el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" Esta incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, lo coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en los centros de detención Por todo ello, la Corte ha afirmado que, "en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la incomunicación debe ser excepcional y su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana" La sanción que nos parece más grave y que se halla contenida en el Reglamento es la internación en celda solitaria por períodos que no podrán exceder de 10 días.

Sin perjuicio de que en el Reglamento se contienen una serie de resguardos para el sancionado -art. Sobre este punto, la jurisprudencia internacional de derechos humanos ha sido tajante en establecer qué condiciones de privación de libertad en tales circunstancias constituyen tratos inhumanos o degradantes: " una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido.

En efecto, el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles. En cuanto a las condiciones de reclusión, la Corte ha dado por probado que el señor Cantoral Benavides fue mantenido durante un año bajo aislamiento riguroso, hacinado con otros presos en una celda pequeña, sin ventilación ni luz natural, y que las visitas que podía recibir estaban sumamente restringidas Merece destacarse que según las normas internacionales de protección, la tortura no solamente puede ser perpetrada mediante el ejercicio de la violencia física, sino también a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento físico, psíquico o moral agudo.

Atendiendo al conjunto de las circunstancias del caso y al contexto en que se produjeron los hechos, estima este Tribunal, sin lugar a duda razonable, que cuando menos parte de los actos de agresión examinados en esta causa pueden ser calificados como torturas, físicas y psíquicas" Derecho a defensa del interno.

Regulación normativa. A pesar de lo descrito anteriormente, y las serias deficiencias que se manifiestan a nivel de garantías fundamentales, el recluso puede formalmente contar con medios para asegurar sus derechos. En efecto, en lo que respecta a su derecho a defensa en esta etapa, puede decirse que está plenamente vigente y su ejercicio no está sujeto a limitación alguna; es decir, no existen a nivel normativo disposiciones que puedan restringir el resguardo de los derechos de los internos.

Al respecto, y tomando en consideración lo que dispone el art. Atendido lo anterior, todo preso tiene el derecho de contradecir las decisiones adoptadas por la Administración Penitenciaria, si éstas suponen una afectación a sus derechos. Para ello puede contar con una defensa letrada, siéndole posible requerir de la autoridad penitenciaria las razones, tanto fácticas como jurídicas, que se tuvieron en consideración para imponer la medida.

Como se ha expuesto, existen obligaciones que el Estado debe asumir en el trato de los internos, y sus eventuales incumplimientos deben ser denunciados, más aún si el propio art. En efecto, allí se afirma que para tal propósito se deberán respetar las garantías dentro de los límites establecidos en la Constitución, las leyes, los reglamentos, las sentencias judiciales y los tratados internacionales vigentes ratificados por el Estado.

Conforme a lo anterior, las medidas adoptadas por Gendarmería de Chile deben ser valoradas de conformidad a la disposición citada precedentemente. Y es que de acuerdo al art.

En este sentido, eventuales incumplimientos de sus obligaciones por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile pueden dar lugar a responsabilidades penales, particularmente en lo relativo a los delitos de prevaricación administrativa -art. En este orden de ideas, la Defensoría Penal Pública -en adelante DPP-, como servicio público -art.

Para tal efecto, la DPP ha implementado un modelo de Defensoría Penitenciaria, dirigido a la defensa de personas condenadas -se excluyen los menores de 18 años- que se encuentren recluidas en algún establecimiento penal que sea administrado por Gendarmería de Chile.

Este servicio de defensa abarca un conjunto de actuaciones judiciales y extrajudiciales, que se extienden durante el cumplimiento de la condena privativa de libertad hasta su completa ejecución.

En todo caso, no comprende todo el país, pues se trata de una experiencia piloto de reciente implementación Pues bien, la etapa de ejecución de la pena se comprende dentro del procedimiento penal, desde el momento en que el art.

De lo expuesto se colige que el defensor puede impetrar todos los recursos jurisdiccionales y administrativos que permitan velar por los intereses del condenado o, en su caso, de quien esté sujeto a una Medida de Seguridad -refrendado por los arts. Refuerza lo anterior, que el art. Por tanto, considerando, por una parte, que la afectación de los derechos de los condenados privados de libertad es sólo parcial y limitado a lo que sea estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad penitenciaria -conforme a los arts.

Es más, la DPP, en caso de incumplimiento, podría determinar la responsabilidad del Estado chileno, al infringir su deber de garante de los derechos de los detenidos -conforme a las sentencia citadas supra- Nos parece que dicho deber de garante no sólo comprendería la actividad penitenciaria propiamente tal, sino también la debida asistencia jurídica para quien está intramuros.

N° debe olvidarse que el interno se halla en una especial situación de vulnerabilidad, en que existe un incremento de riesgo de que sus derechos puedan ser conculcados.

De manera que si el defensor penal público toma conocimiento de que la limitación de derechos del interno excede la esfera de lo que es exigible para el cumplimiento de la actividad penitenciaria y que es la propia de una sociedad democrática y nada hace o es deficiente en su ejercicio, podría hacer incurrir al Estado de Chile en un incumplimiento de una obligación internacional.

Es indudable que la tarea que debe asumir el defensor en esta área es particularmente delicada, sobre todo si se tiene en consideración que sus reclamos y la eventual interposición de recursos tendrán principalmente como propósito impugnar decisiones adoptadas por otro servicio público, como es Gendarmería de Chile.

Empero, nos parece que si el iter a seguir es la construcción de sistema garantístico sólido, propio de un Estado Democrático de Derecho, la misión del defensor es ineludible, debiendo reclamar por las serias falencias que en esta esfera se presentan, incluso ante instancias internacionales.

Bosch, Barcelona, , pp. La estructura de la teoría del delito, trad. Luzón , Editorial REUS, Madrid, , pp. Análisis y crítica de un mito", en Estudios penales. Libro Homenaje al prof.

José Anton Oneca, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, , pp. En Chile, por todos, Garrido Montt, Mario, Derecho Penal: Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, , p. Asimismo, el Código Procesal Penal dispone de mecanismos de solución de conflictos que impiden arribar a un juicio y una eventual condena.

Así sucede con la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. Las condiciones y modalidades asociadas a la eliminación y omisión de dichos antecedentes en las certificaciones correspondientes se regulan en el Decreto Ley N° de , que dispone de un procedimiento para la eliminación de antecedentes penales, y en el Decreto Supremo N° 64, de , del Ministerio de Justicia, denominado "Reglamento sobre la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones y Otorga Certificados de Antecedentes".

Asimismo, el Patronato Nacional de Reos Decreto Supremo N° de del Ministerio de Justicia, también se encarga de prestar la necesaria protección moral y material de los condenados que gozan de libertad condicional, proporcionando medios de trabajo y atención social y educacional, entre otros.

Las de reclusión y prisión no le imponen trabajo alguno". Por su parte, el art. Finalmente, la mayor gravedad del presidio se puede corroborar en el hecho de que dichas sanciones ocupan un sitial más elevado en las respectivas escalas penales, conforme dispone el artículo 21 del Código Penal.

Doctrina y Jurisprudencia, Editorial LegalPublishing, Santiago, , p. No obstante, la misma disposición agrega que en caso que carecieren de "medios necesarios para llenar los compromisos" asociados al pago de las consecuencias civiles del delito y de su manutención en el establecimiento penal o "no tuvieren oficio o modo de vivir conocido y honesto" quedarán "sujetos forzosamente a los trabajos del establecimiento hasta hacer efectivas con su producto aquellas responsabilidades y procurarse la subsistencia".

Se trata de un cuerpo en el que se regulan prácticamente la totalidad de los contenidos generales. Este se desarrolla en siete títulos sustanciales, uno preliminar que establece principios generales de la actividad penitenciaria, un título primero sobre los establecimientos penitenciarios, un título segundo sobre el régimen penitenciario, un título tercero sobre los derechos y obligaciones de los internos, un título cuarto referido al régimen disciplinario, un título quinto sobre las actividades y acciones para la reinserción social, y un título sexto sobre la Administración de los Establecimientos Penitenciarios.

Dichos permisos de salida son los siguientes:. c la salida de fin de semana, y. d la salida controlada al medio libre. Los permisos mencionados, ordenados según la extensión de la salida, se inspiran en el carácter progresivo del proceso de reinserción social y se concederán de modo que sólo el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que impone el uso provechoso del que se conceda, permitirá postular al siguiente.

El cumplimiento de los requisitos formales sólo da derecho al interno a solicitar el permiso de salida correspondiente, en tanto que su concesión dependerá, fundamentalmente, de las necesidades de reinserción social del interno y de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las actividades para la reinserción social que, con su colaboración, se hayan determinado según los requerimientos específicos de atención, de modo que pueda presumirse que respetará las normas que regulan el beneficio y no continuará su actividad delictiva".

Dicha normativa se complementa con el respectivo Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° , de , del Ministerio de justicia. Señala que "Para calificar la disposición a que se refiere el inciso precedente, se atenderá a los siguientes factores: a Estudio: la asistencia periódica del condenado a escuela, liceo o cursos existentes en la unidad penal, siempre que ello redundare en una objetiva superación de su nivel educacional, vía alfabetización o conclusión satisfactoria de los cursos correspondientes a enseñanza básica, media o superior, según fuere el caso; b Trabajo: la asistencia periódica del condenado a talleres o programas de capacitación ofrecidos por la unidad penal, siempre que ello redundare en el aprendizaje de un oficio o labor provechosa.

Asimismo, tratándose de condenados que dominaren un oficio, el ejercicio regular de éste al interior del recinto penal, sea con fines lucrativos o benéficos; c Rehabilitación: la voluntad exhibida por el condenado, mediante el sometimiento a terapias clínicas, en orden a superar dependencias a drogas, alcohol u otros, en su caso; d Conducta: espíritu participativo, sentido de responsabilidad en el comportamiento personal, tanto en la unidad penal como durante los traslados, y, en general, cualquier otro comportamiento que revelare la disposición a que se refiere el inciso primero".

Agrega "Asimismo, para los efectos de la calificación de que trata esta ley, podrá atenderse al nivel de integración y apoyo familiar del condenado, si lo tuviere, y al nivel de adaptación social demostrado en uso de beneficios intrapenitenciarios". y que no estuviere excluido por razones -objetivas- asociadas a la gravedad del delito cometido, de la pena impuesta o por presentar antecedentes negativos calificados quebrantamiento de condena, delinquimiento durante la condena, etc.

Lo mismo aplica a las necesidades vinculadas a los objetivos de seguridad. Lo dicho, en todo caso, se afecta indirectamente por el hecho de que el nivel de participación es valorado de cara al acceso a los denominados beneficios intrapenitenciarios art.

Se reconoce, incluso, la plena vigencia de la normativa asociada a seguridad y protección de los trabajadores art.

En dicha disposición se establece además que: "En especial, la Administración organizará y planificará el trabajo de carácter productivo en las siguientes condiciones: a La jornada de trabajo no podrá exceder de la máxima legal.

En el caso de los internos condenados se cuidará que los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para la ejecución de las otras actividades contempladas en los planes de intervención individual.

b Deberá garantizar el descanso semanal a cada uno de los trabajadores. c Velará porque la retribución sea conforme al rendimiento, categoría laboral y clase de actividad desempeñada.

d Cuidará que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones, disponiendo el interno del remanente de acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento".

La comprensión del trabajo penitenciario como un derecho del interno se refuerza por el hecho de que se reconoce su titularidad incluso a quienes se encuentran privados de libertad por aplicación de la prisión preventiva arts. El Jefe o el Asistente Social de los establecimientos penitenciarios deberá informar y asesorar a los trabajadores que realicen actividades independientes, cerca del sistema previsional, seguros, ahorros y otros, a los que puedan acogerse en forma voluntaria".

Paradojalmente, el art. del Decreto Supremo N° de diciembre de A su tratamiento nos dedicaremos, por ello, en el apartado pertinente. del Reglamento de establecimientos penitenciarios. Se trata por ello de un beneficio o permiso ajeno a las perspectivas del tratamiento y de la progresión del régimen.

Ver art. Esta evaluación es, en todo caso, casi marginal en la medida en que el propio texto del Reglamento les da forma de manera genérica. En concreto, en el artículo letras b y c del Reglamento se dispone que el interno debe tener certificación educacional superior a la oferta que presenta el recinto o, en su caso, demostrar -con documentos o certificaciones- haber asistido y con provecho a dichas instancias.

Requiere, además, haber participado en las actividades que ofrece el centro, definición que deja abierto el ámbito al cual ellas se encuentra referidas -mencionando por vía ejemplar, la capacitación, el trabajo, la recreación y las actividades culturales-.

Considerar, asimismo, que conforme dispone el art. Un examen crítico se puede encontrar en Sepúlveda Crerar, Eduardo; Sepúlveda Bazaes, Paulina, "A 83 años del establecimiento de la libertad condicional en Chile: ¿un beneficio desaprovechado?

En efecto, conforme dispone el art. A la inversa, en atención a una presunción de menor compromiso o relevancia social se consagran también plazos más breves respecto de "los condenados por hurto o estafa a más de seis años" quienes "podrán obtener el mismo beneficio una vez cumplidos tres años".

Tratándose de condenas superiores a 20 años y perpetuas se establece la posibilidad de acceder a dicho régimen una vez cumplidos 20 años de privación efectiva de libertad.

Por su parte, el denominado presidio perpetuo calificado -reservado para las hipótesis delictivas más graves previstas en la legislación- permite el acceso recién después de cumplidos 40 años de encierro efectivo.

Finalmente, pueden postular en forma anticipada -un semestre antes- quienes hubieren mostrado comportamiento sobresaliente conforme dispone el régimen previsto en la Ley N° Tratándose de condenados a presidio perpetuo calificado la resolución debe adoptarla la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, conforme dispone el art.

IX, N° , , pp. Aclaremos, primero, que se trata de un texto aplicable a cualquier autoridad, expresión sinónima de 'órgano' en la Constitución, que ejerza jurisdicción, o sea, que deba cumplir funciones o ejercer atribuciones que afecten derechos de las personas.

Además, dejamos establecido que la expresión 'sentencia' no se refiere exclusivamente a la sentencia judicial, sino a cualquier resolución, ya vimos que de cualquier autoridad, que ejerciendo sus atribuciones afecte derechos constitucionales o legales". cursiva en el original ; en el mismo sentido, Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo VIII, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, , pp.

El autor señala en p. Agrega en la misma página: "Por lo dicho, la única autoridad que puede crear tribunales con carácter permanente es la ley.

Ningún tipo de normas de derecho de jerarquía inferior reglamentos, decretos, etc. puede dar origen a tribunales". nota n. Un diagnóstico", Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, vol.

XIX, N° 2, , pp. La codificación procesal", en Andrés Bello y el Derecho, Santiago, , pp. Sustituye a la observación general 9, trato humano de las personas privadas de su libertad art.

Es necesario, también, tener presente que sobre la reinserción social existe un Título especial en el Reglamento: Título Quinto: "De las actividades y acciones para la reinserción social", cuyo art.

Véase al respecto, Medina Jara, Rodrigo, "Las normas internacionales generales sobre derechos humanos y el desarrollo de los derechos en el ámbito penitenciario", Gaceta Jurídica, N° , , pp. Doctrina procesal penal , Centro de Documentación Defensoría Penal Pública, N° 4, , pp. Si bien no se señalan los medios de impugnación ni el procedimiento para hacer efectiva dicha tutela, según la autora debe aplicarse lo dispuesto en el Título II del Libro I del Código Procesal Penal -Actividad Procesal-.

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Missing Con posterioridad, la Ley Orgánica. General Penitenciaria de sustituye el sistema progresivo del cumplimiento de las penas por el de Los tres sistemas penitenciarios: filadélfico, auburniano y progresivo son el referente histórico inmediato de. Page 29 dicha reforma europea. A lo largo

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Doble o Nada con Sistema Progresivo - Duration Missing Con posterioridad, la Ley Orgánica. General Penitenciaria de sustituye el sistema progresivo del cumplimiento de las penas por el de Los tres sistemas penitenciarios: filadélfico, auburniano y progresivo son el referente histórico inmediato de. Page 29 dicha reforma europea. A lo largo

Su absorcion es tremenda, muy lineal desde el principio del recorrido hasta el final del mismo. Incluso resulta ser demasiado lineal. Mecánicamente, su diseño hace que el ultimo tercio de su recorrido cuente con progresividad decreciente, con lo que los topes son muy frecuentes.

Si todos nos peleamos por que nuestras bicis sean progresivamente positivas por que asi la bici funciona mejor en saltos y bla bla bla y por que eso mismo tambien nos cuentan las revistas como pueden defender un sistema tan lineal que hace topes facilmente?? en pocas palabras, que te la compres!!

PD: En la Iron Horse terminó mi lectura, no me creo nada de lo que dicen. Perdon por el ladrillo. leganetti , 15 Feb Registrado: 2 May Mensajes: Me Gusta recibidos: 0 Ubicación: Barcelona.

Una cosa que si tengo que decir, es que una bici es una suma de muchas cosas. Una geometria muy acertada pedalier, vainas, angulo ataque, cockpit, distribucion de pesos puede hacer verdaderos milagros. Quizas en la Iron Horse prima la geometria, y la progresividad del sistema de suspension es un punto a mejorar.

Igualmente, son bicis prestadas, que no se pueden poner a punto como se deberia Quizas cambiando amortiguador por uno de funcionamiento mas progresivo mi BOS por ejemplo la cosa mejora Otra cosa mas es la vision subjetiva de los probadores.

Yo te puedo decir que mi Q-bikes Empire es un avion, pero apenas he probado otras bicis, asi que mi vision del tema es muy limitada. Otros pilotos, con mas bicis usadas, tienden a usar unos reglajes, tipos de suspensiones Yo he llevado FSR varias carreras y no lo quiero ni regalado, otros no pueden vivir sin el.

La comparativa real deberia ser al menos medio dia por bici y piloto, y en un circuito concreto a poder ser muy variado y con un crono en la mano.

Se agradece por ejemplo, que Cesar Rojo en esta revista no comente unas bicis que casi no ha probado En la linea de las revistas, pues no se que decir. Si se acostumbran a mentir a menudo, la gente se dara cuenta y perderan publico, pero criticar mucho todo lo que les viene hara que las marcas dejen de prestar productos para pruebas y anunciarse Yo hace ya tiempo que no las compro santuracer , 15 Feb Registrado: 10 Dic Mensajes: Registrado: 11 Sep Mensajes: 1.

bueno, un sistema lineal en dh tampoco es malo, solo que hace as topes, pero absorbe mas los impactos que uno mas progresivo y supongo que al hacer eso vas mas pegado al suelo, ademas, dicen que la geometria de la iron es una pasada, una bici no son solo dos suspensiones.

lo que tambien pienso es que si se le sube un poco la presion a la camara de aire del fox que llevaba y se le da un poco mas de progresividad, puede que mejorase, pero sin tener la bike delante y poder probarlo, no puedo decir nada.

pd: me encanta ese comparativo. mochilo , 15 Feb Registrado: 21 Nov Mensajes: 82 Me Gusta recibidos: 0.

siendo q en el mismo numero hay otras bicis del mismo sector q son mas baratas y tambien las han puesto bien, no son muy de fiar en las opiniones pero esta bien el examen es bastante bueno creo yo. pezglobo , 15 Feb bilbobiker , 15 Feb Si existe una variable concreta que deseas mantener constante en todas las series p.

el carácter del esfuerzo , como bien apuntas, deberás modificar otras p. la carga. Lo más importante es tener claro qué variable te interesa mantener constante o lo más estable posible y conocer cómo se verán afectadas el resto.

Y, a efectos de aplicación práctica, qué es apropiado para el contexto en el que lo vas a aplicar. pues creo que ese sistema está bien. al comenzar claro que no podremos ejecutar las 4 series con la misma intensidad y número de repeticiones, pero ahí está la gracia, nos volceremos mas fuerte y en la siguiente sesion intentaremos que la 2da serie tenga la midma intensidad y reps que la primera.

de eso se trata no? obviamente eso querrá decir que la 1era serie quizas hicimos un rir 3 y en la 2da un rir 2,pero sigo creyendo que sirve para progresar. yo también utilizo doble progresión pero en la última serie. completo las 4×10 y cuando en la ultima pueda hacer 12resp quiere dexir que puedo progresar en la siguiente sesión.

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Doble progresión: el método para no estancarte en el gym. El método de la doble progresión. Las variables para planificar los entrenamientos. Si nos centramos en el contexto de la mejora de la fuerza e hipertrofia muscular en el gimnasio utilizamos varias variables para planificar los entrenamientos: Carga o peso Repeticiones Series Pausa o tiempo de descanso entre series La carga o peso tiene relación con la intensidad del entrenamiento, el número de series y repeticiones determinan el volumen de entrenamiento, mientras que la pausa entre series influye en la densidad del mismo.

Algunos ejemplos de la aplicación de la doble progresión. Si es así, ¿cómo te fué? No querrás perderte nada, ¿verdad? En efecto, en Chile se creó un juzgado de reos rematados en el siglo XVIII cuyo juez era un miembro togado de la Real Audiencia, que en palabras actuales equivale a un ministro de Corte de Apelaciones, cuya competencia se extendía a conocer privativamente de todos los asuntos tocantes a los rematados a presidio o destinados a obras públicas, competencia que le era concedida por la audiencia en todos los asuntos civiles, criminales, políticos y económicos, y por ello contaba con las más amplias facultades para proveer, por sí mismo o con consulta del Acuerdo, todo lo que pareciere conveniente a evitar que los rematados a presidios o destinados a obras públicas experimentaren perjuicio alguno Sin perjuicio de lo expuesto, dentro de las infracciones contenidas en el Reglamento al art.

Así, la citada disposición constitucional establece que para que una resolución de autoridad se conforme a la disposición constitucional, es menester que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción se funde en un proceso previo legalmente tramitado. Conforme a lo anterior, cualquier sentencia en que no se haya oído las defensas y las pruebas del afectado, deba ser declarada nula 88 ; además, es preciso que se haya establecido por ley un procedimiento y una investigación racionales y justos, de manera que si la ley no ha establecido dicho procedimiento y con esas características, la sentencia de la autoridad es nula Pues bien, de todo ello carece el procedimiento sancionatorio dispuesto en el Reglamento.

Además de las falencias formales descritas, también se vulneran aspectos sustantivos de la disposición constitucional, como sucede, por ejemplo, con el deber de fundamentación de las resoluciones.

En efecto, de la norma constitucional citada se desprende tal exigencia, en cuanto a que la sentencia debe motivarse en un procedimiento legalmente tramitado.

Cabe señalar que desde antiguo nuestra legislación positiva ha contemplado el deber de que las sentencias que emanan de órganos que ejercen jurisdicción necesariamente han de ser fundadas, tanto en los hechos como en el derecho aplicable De lo expuesto, garantías como el derecho a la acción y a su conocimiento, la bilateralidad de la audiencia o el derecho a probar las aseveraciones que se han hecho, serían ilusorias si los órganos encargados de decidir no estuvieran obligados a fundamentar sus decisiones; garantías, todas ellas, contenidas en el justo y racional procedimiento En consecuencia, si el art.

La resolución en cuestión carecería de la necesaria fundamentación que permitiera conocer el razonamiento usado por el juzgador, como, asimismo, la valoración que le atribuiría a las diversas pruebas y argumentaciones usadas por los afectados.

También se vulnera en la disposición citada supra otra de las principales garantías que conforman el derecho al debido proceso, a saber, el principio de contradicción o bilateralidad de la audiencia.

En efecto, el inciso penúltimo del art. Resulta, entonces, que cabe imponer una sanción al recluso sin haber oído sus alegaciones, vulnerando con ello un derecho mínimo del imputado. Amén de todo lo expuesto, nos permitiremos acotar algo más: dado que el jefe del Establecimiento es, al aplicar una sanción, juez y parte en el procedimiento, también se vulnera el derecho al juez imparcial, pues en caso de no ser escuchado impondrá una sanción con el sólo mérito del parte y de lo expuesto por otro u otros funcionarios de Gendarmería, quienes por lo demás, son dependientes del jefe del Establecimiento.

Huelga señalar que todas las disposiciones citadas del Reglamento parecen del todo incompatibles con las garantías constitucionales reseñadas, en especial con la relativa al debido proceso. En otra sede, también encontramos en el Reglamento otro tipo de infracciones en el orden penal y procesal penal, como acontece con la vulneración al principio non bis in ídem.

En este sentido, cabe afirmar que el Estado está imposibilitado de realizar una doble persecución judicial e imponer, eventualmente, dos sanciones por el mismo hecho.

En efecto, si se examina la enumeración de las faltas disciplinarias graves y menos graves que contienen los artículos 78 y 79 se aprecia que muchas de ellas ya son constitutivas de un delito, por ejemplo, matar; causar lesiones; la sustracción de materiales o efectos del establecimiento y de las pertenencias de otras persona, internos o funcionarios, o la tenencia, consumo o elaboración de sustancias o drogas, estupefacientes o psicotrópicas.

Pues bien, el artículo 91 del Reglamento establece que "La comisión de falta disciplinaria que pudiere constituir delito, será puesta en conocimiento de la autoridad competente, según la ley procesal vigente, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en este Reglamento".

En consecuencia, de acuerdo con la normativa citada, el interno, si comete alguna de las faltas mencionadas en los artículos 78 y 79 puede ser sancionado tanto por el jefe del establecimiento penitenciario como por el juez con competencia en lo criminal correspondiente por los mismos hechos.

Según nuestro parecer, concurren en la especie todos los elementos que configuran una infracción al principio del non bis in ídem, a saber: identidad de persona eadem persona ; identidad de objeto eadem res , es decir, que la doble persecución se base en el mismo hecho, no importando la calificación jurídica que le haya dado el juzgador infracción reglamentaria o delito ; e identidad de causa de persecución eadem cauta petendi , o sea, la atribución de un hecho determinado que se subsume en una norma sustantiva por parte del órgano persecutor a una persona determinada Esta situación puede verse agravada por el hecho de que las sanciones que puede imponer el jefe del Establecimiento son graves.

Incluso, y como tendremos ocasión de comentar, pueden ser más intensas y, por ende, vulneratorias de derechos fundamentales que la posible pena que podría arribarse en el juicio penal. A mayor abundamiento, sobre esta materia cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido constante en establecer que durante una detención o privación de libertad los Estados sólo pueden usar la fuerza "siempre que sea estrictamente necesario por el propio comporta miento de la persona" 93 , y que pesa sobre el Estado la obligación de realizar sus acciones "dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana" Pues bien, si durante la privación de libertad de una persona el Estado se ve obligado a tratarla con dignidad 95 , a respetar sus derechos y a usar la fuerza persecutoria siempre que no exista otra manera de dar solución al conflicto social o a mantener el orden público, nos parece que imponer sanciones administrativas conjuntamente a la sanción penal supone una vulneración de principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Es más, al respecto puede apreciarse incoherencia entre el establecimiento de un sistema sancionatorio tan estricto con el objetivo que se persigue en todo sistema carcelario: lograr la reforma y la readaptación social del preso.

En efecto, este principio se encuentra garantizado, tanto en el art. Asimismo, el propio Reglamento Carcelario chileno, en sus art. Finalmente, examinemos algunas de las sanciones que puede imponer el jefe del Establecimiento carcelario -art.

Como se ha reiterado en numerosos pasajes de este trabajo, creemos que en esta sede es donde se cometen graves y flagrantes contravenciones a los derechos de los reclusos. En primer lugar, nos haremos cargo de la incomunicación, que si bien no se expresa como sanción en el Reglamento, sí hay otras que, de manera encubierta, constituyen efectivamente una incomunicación.

Así puede entenderse el aislamiento de hasta cuatro fines de semana en celda solitaria, desde el desencierro del sábado hasta el encierro del domingo, y la internación en celda solitaria por períodos que no podrán exceder de 10 días.

También se dispone la no recepción de correspondencia con el exterior, como sucede con la prohibición de recibir paquetes o encomiendas por un lapso de hasta 15 días.

Al respecto, debe tenerse presente la norma constitucional del art. Por lo demás, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha señalado: " la incomunicación durante la detención, las restricciones al régimen de visitas, constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.

de la Convención Americana" La misma Corte ha agregado: " el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" Esta incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, lo coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en los centros de detención Por todo ello, la Corte ha afirmado que, "en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la incomunicación debe ser excepcional y su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana" La sanción que nos parece más grave y que se halla contenida en el Reglamento es la internación en celda solitaria por períodos que no podrán exceder de 10 días.

Sin perjuicio de que en el Reglamento se contienen una serie de resguardos para el sancionado -art. Sobre este punto, la jurisprudencia internacional de derechos humanos ha sido tajante en establecer qué condiciones de privación de libertad en tales circunstancias constituyen tratos inhumanos o degradantes: " una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido.

En efecto, el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles.

En cuanto a las condiciones de reclusión, la Corte ha dado por probado que el señor Cantoral Benavides fue mantenido durante un año bajo aislamiento riguroso, hacinado con otros presos en una celda pequeña, sin ventilación ni luz natural, y que las visitas que podía recibir estaban sumamente restringidas Merece destacarse que según las normas internacionales de protección, la tortura no solamente puede ser perpetrada mediante el ejercicio de la violencia física, sino también a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento físico, psíquico o moral agudo.

Atendiendo al conjunto de las circunstancias del caso y al contexto en que se produjeron los hechos, estima este Tribunal, sin lugar a duda razonable, que cuando menos parte de los actos de agresión examinados en esta causa pueden ser calificados como torturas, físicas y psíquicas" Derecho a defensa del interno.

Regulación normativa. A pesar de lo descrito anteriormente, y las serias deficiencias que se manifiestan a nivel de garantías fundamentales, el recluso puede formalmente contar con medios para asegurar sus derechos.

En efecto, en lo que respecta a su derecho a defensa en esta etapa, puede decirse que está plenamente vigente y su ejercicio no está sujeto a limitación alguna; es decir, no existen a nivel normativo disposiciones que puedan restringir el resguardo de los derechos de los internos.

Al respecto, y tomando en consideración lo que dispone el art. Atendido lo anterior, todo preso tiene el derecho de contradecir las decisiones adoptadas por la Administración Penitenciaria, si éstas suponen una afectación a sus derechos.

Para ello puede contar con una defensa letrada, siéndole posible requerir de la autoridad penitenciaria las razones, tanto fácticas como jurídicas, que se tuvieron en consideración para imponer la medida. Como se ha expuesto, existen obligaciones que el Estado debe asumir en el trato de los internos, y sus eventuales incumplimientos deben ser denunciados, más aún si el propio art.

En efecto, allí se afirma que para tal propósito se deberán respetar las garantías dentro de los límites establecidos en la Constitución, las leyes, los reglamentos, las sentencias judiciales y los tratados internacionales vigentes ratificados por el Estado. Conforme a lo anterior, las medidas adoptadas por Gendarmería de Chile deben ser valoradas de conformidad a la disposición citada precedentemente.

Y es que de acuerdo al art. En este sentido, eventuales incumplimientos de sus obligaciones por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile pueden dar lugar a responsabilidades penales, particularmente en lo relativo a los delitos de prevaricación administrativa -art. En este orden de ideas, la Defensoría Penal Pública -en adelante DPP-, como servicio público -art.

Para tal efecto, la DPP ha implementado un modelo de Defensoría Penitenciaria, dirigido a la defensa de personas condenadas -se excluyen los menores de 18 años- que se encuentren recluidas en algún establecimiento penal que sea administrado por Gendarmería de Chile. Este servicio de defensa abarca un conjunto de actuaciones judiciales y extrajudiciales, que se extienden durante el cumplimiento de la condena privativa de libertad hasta su completa ejecución.

En todo caso, no comprende todo el país, pues se trata de una experiencia piloto de reciente implementación Pues bien, la etapa de ejecución de la pena se comprende dentro del procedimiento penal, desde el momento en que el art.

De lo expuesto se colige que el defensor puede impetrar todos los recursos jurisdiccionales y administrativos que permitan velar por los intereses del condenado o, en su caso, de quien esté sujeto a una Medida de Seguridad -refrendado por los arts.

Refuerza lo anterior, que el art. Por tanto, considerando, por una parte, que la afectación de los derechos de los condenados privados de libertad es sólo parcial y limitado a lo que sea estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad penitenciaria -conforme a los arts.

Es más, la DPP, en caso de incumplimiento, podría determinar la responsabilidad del Estado chileno, al infringir su deber de garante de los derechos de los detenidos -conforme a las sentencia citadas supra- Nos parece que dicho deber de garante no sólo comprendería la actividad penitenciaria propiamente tal, sino también la debida asistencia jurídica para quien está intramuros.

N° debe olvidarse que el interno se halla en una especial situación de vulnerabilidad, en que existe un incremento de riesgo de que sus derechos puedan ser conculcados. De manera que si el defensor penal público toma conocimiento de que la limitación de derechos del interno excede la esfera de lo que es exigible para el cumplimiento de la actividad penitenciaria y que es la propia de una sociedad democrática y nada hace o es deficiente en su ejercicio, podría hacer incurrir al Estado de Chile en un incumplimiento de una obligación internacional.

Es indudable que la tarea que debe asumir el defensor en esta área es particularmente delicada, sobre todo si se tiene en consideración que sus reclamos y la eventual interposición de recursos tendrán principalmente como propósito impugnar decisiones adoptadas por otro servicio público, como es Gendarmería de Chile.

Empero, nos parece que si el iter a seguir es la construcción de sistema garantístico sólido, propio de un Estado Democrático de Derecho, la misión del defensor es ineludible, debiendo reclamar por las serias falencias que en esta esfera se presentan, incluso ante instancias internacionales.

Bosch, Barcelona, , pp. La estructura de la teoría del delito, trad. Luzón , Editorial REUS, Madrid, , pp. Análisis y crítica de un mito", en Estudios penales.

Libro Homenaje al prof. José Anton Oneca, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, , pp. En Chile, por todos, Garrido Montt, Mario, Derecho Penal: Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, , p. Asimismo, el Código Procesal Penal dispone de mecanismos de solución de conflictos que impiden arribar a un juicio y una eventual condena.

Así sucede con la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio. Las condiciones y modalidades asociadas a la eliminación y omisión de dichos antecedentes en las certificaciones correspondientes se regulan en el Decreto Ley N° de , que dispone de un procedimiento para la eliminación de antecedentes penales, y en el Decreto Supremo N° 64, de , del Ministerio de Justicia, denominado "Reglamento sobre la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones y Otorga Certificados de Antecedentes".

Asimismo, el Patronato Nacional de Reos Decreto Supremo N° de del Ministerio de Justicia, también se encarga de prestar la necesaria protección moral y material de los condenados que gozan de libertad condicional, proporcionando medios de trabajo y atención social y educacional, entre otros.

Las de reclusión y prisión no le imponen trabajo alguno". Por su parte, el art. Finalmente, la mayor gravedad del presidio se puede corroborar en el hecho de que dichas sanciones ocupan un sitial más elevado en las respectivas escalas penales, conforme dispone el artículo 21 del Código Penal.

Doctrina y Jurisprudencia, Editorial LegalPublishing, Santiago, , p. No obstante, la misma disposición agrega que en caso que carecieren de "medios necesarios para llenar los compromisos" asociados al pago de las consecuencias civiles del delito y de su manutención en el establecimiento penal o "no tuvieren oficio o modo de vivir conocido y honesto" quedarán "sujetos forzosamente a los trabajos del establecimiento hasta hacer efectivas con su producto aquellas responsabilidades y procurarse la subsistencia".

Se trata de un cuerpo en el que se regulan prácticamente la totalidad de los contenidos generales. Este se desarrolla en siete títulos sustanciales, uno preliminar que establece principios generales de la actividad penitenciaria, un título primero sobre los establecimientos penitenciarios, un título segundo sobre el régimen penitenciario, un título tercero sobre los derechos y obligaciones de los internos, un título cuarto referido al régimen disciplinario, un título quinto sobre las actividades y acciones para la reinserción social, y un título sexto sobre la Administración de los Establecimientos Penitenciarios.

Dichos permisos de salida son los siguientes:. c la salida de fin de semana, y. d la salida controlada al medio libre. Los permisos mencionados, ordenados según la extensión de la salida, se inspiran en el carácter progresivo del proceso de reinserción social y se concederán de modo que sólo el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que impone el uso provechoso del que se conceda, permitirá postular al siguiente.

El cumplimiento de los requisitos formales sólo da derecho al interno a solicitar el permiso de salida correspondiente, en tanto que su concesión dependerá, fundamentalmente, de las necesidades de reinserción social del interno y de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las actividades para la reinserción social que, con su colaboración, se hayan determinado según los requerimientos específicos de atención, de modo que pueda presumirse que respetará las normas que regulan el beneficio y no continuará su actividad delictiva".

Dicha normativa se complementa con el respectivo Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° , de , del Ministerio de justicia. Señala que "Para calificar la disposición a que se refiere el inciso precedente, se atenderá a los siguientes factores: a Estudio: la asistencia periódica del condenado a escuela, liceo o cursos existentes en la unidad penal, siempre que ello redundare en una objetiva superación de su nivel educacional, vía alfabetización o conclusión satisfactoria de los cursos correspondientes a enseñanza básica, media o superior, según fuere el caso; b Trabajo: la asistencia periódica del condenado a talleres o programas de capacitación ofrecidos por la unidad penal, siempre que ello redundare en el aprendizaje de un oficio o labor provechosa.

Asimismo, tratándose de condenados que dominaren un oficio, el ejercicio regular de éste al interior del recinto penal, sea con fines lucrativos o benéficos; c Rehabilitación: la voluntad exhibida por el condenado, mediante el sometimiento a terapias clínicas, en orden a superar dependencias a drogas, alcohol u otros, en su caso; d Conducta: espíritu participativo, sentido de responsabilidad en el comportamiento personal, tanto en la unidad penal como durante los traslados, y, en general, cualquier otro comportamiento que revelare la disposición a que se refiere el inciso primero".

Agrega "Asimismo, para los efectos de la calificación de que trata esta ley, podrá atenderse al nivel de integración y apoyo familiar del condenado, si lo tuviere, y al nivel de adaptación social demostrado en uso de beneficios intrapenitenciarios".

y que no estuviere excluido por razones -objetivas- asociadas a la gravedad del delito cometido, de la pena impuesta o por presentar antecedentes negativos calificados quebrantamiento de condena, delinquimiento durante la condena, etc. Lo mismo aplica a las necesidades vinculadas a los objetivos de seguridad.

Lo dicho, en todo caso, se afecta indirectamente por el hecho de que el nivel de participación es valorado de cara al acceso a los denominados beneficios intrapenitenciarios art.

Se reconoce, incluso, la plena vigencia de la normativa asociada a seguridad y protección de los trabajadores art. En dicha disposición se establece además que: "En especial, la Administración organizará y planificará el trabajo de carácter productivo en las siguientes condiciones: a La jornada de trabajo no podrá exceder de la máxima legal.

En el caso de los internos condenados se cuidará que los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para la ejecución de las otras actividades contempladas en los planes de intervención individual. b Deberá garantizar el descanso semanal a cada uno de los trabajadores.

c Velará porque la retribución sea conforme al rendimiento, categoría laboral y clase de actividad desempeñada. d Cuidará que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones, disponiendo el interno del remanente de acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento".

La comprensión del trabajo penitenciario como un derecho del interno se refuerza por el hecho de que se reconoce su titularidad incluso a quienes se encuentran privados de libertad por aplicación de la prisión preventiva arts.

El Jefe o el Asistente Social de los establecimientos penitenciarios deberá informar y asesorar a los trabajadores que realicen actividades independientes, cerca del sistema previsional, seguros, ahorros y otros, a los que puedan acogerse en forma voluntaria".

Paradojalmente, el art. del Decreto Supremo N° de diciembre de A su tratamiento nos dedicaremos, por ello, en el apartado pertinente. del Reglamento de establecimientos penitenciarios. Se trata por ello de un beneficio o permiso ajeno a las perspectivas del tratamiento y de la progresión del régimen.

Ver art. Esta evaluación es, en todo caso, casi marginal en la medida en que el propio texto del Reglamento les da forma de manera genérica.

Analisis Del Regimen Progresivo Carcelario en Guatemala De hecho, la caracterización concreta cno las reglas de orden o disciplina von establece sólo en un nivel formal, delegándose Doble o Nada con Sistema Progresivo contenidos materiales Dobble el desarrollo que ofrezca cada Casino en vivo con premios al instante en particular. Co la Rasphuis en Amsterdam, cuyo nombre proviene de la principal ocupacin de Progresivi reclusos: Raspado Sistwma madera de especies Sustema empleadas como colorante Despus la Spinhuis Premios para científicos era una hilandera para mujeres, adicional contena una seccin especial para jvenes con trabajos duros y retencin de los muchachos rebeldes o peligrosos. una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido. Tercero, la definicin de accin pblica se refiere a aquello que se lleva a cabo en un espacio pblico, es decir, en el campo de los intereses comunes o colectivos y a la luz de las miradas de los diversos actores sociales. Con otras palabras, se progresa inicialmente aumentando el número de repeticiones hasta un punto en el que se incrementa el peso y se regresa al número de repeticiones iniciales, para repetir el proceso. Mazariegos Madrazo.

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